UN LLAMADO URGENTE DE SOLIDARIDAD

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere dejar constancia de su rechazo a las declaraciones hechas por el Presidente Alvaro Uribe el día 27 de mayo de 2004 en el municipio de Apartadó porque consideramos que no son justas ni están acordes con la realidad de lo que ha hecho la comunidad.

En primer lugar el presidente nos ha acusado de no hacer declaraciones ante la fiscalía de Apartadó, y que por ellos los líderes de la comunidad obstruyen la justicia al no facilitar las investigaciones. Tal apreciación es totalmente injusta ya que nosotros mismos nos hemos comprometido con la búsqueda de justicia y de hecho uno de nuestros principios es rechazar la impunidad. Queremos hacer un rápido recuento de las acciones que hemos emprendido para que haya justicia en las acciones de muerte, terror y horror a las que hemos sido sometidos desde el comienzo del proceso: la comunidad buscó y realizó declaraciones ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, todos ellos organismos de control del Estado colombiano. Después de la masacre del año 2000 en la que asesinaron a seis de nuestros líderes, la comunidad recibe medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. A petición de la comunidad y en una concertación con el Estado se creó una comisión especial de investigación conformada por fiscalía, procuraduría, defensoría, vicepresidencia y como observadora la oficina de derechos humanos de la ONU; esta comisión tuvo toda la colaboración de la comunidad y para sus investigaciones se aportaron más de 100 testimonios. Sin embargo, a raíz del bloqueo impuesto en contra de la comunidad y el asesinato de más de 20 personas por parte de los paramilitares en apoyo con los militares en el 2002 decidimos no dar más declaraciones ya que fuimos testigos de cómo varias de las personas que habían dado testimonio habían sido asesinadas y a pesar de todo el esfuerzo de la comunidad las investigaciones no avanzaban en nada. Al final del año 2002, en reunión con el señor vicepresidente Francisco Santos, solicitamos una evaluación del trabajo de la Comisión de Investigación para mirar por qué no se ha hecho justicia en estas atrocidades cometidas contra la población civil de San José; hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta frente a nuestra solicitud y por ello volvimos a proponer la evaluación en reunión con el estado el 28 de febrero de 2004. De la misma manera a finales del año 2003, siempre en la búsqueda de superar la impunidad, colocamos una demanda ante el Fiscal General por crímenes de lesa Humanidad; allí se recogieron la mayoría de los casos ocurridos contra la comunidad pero aún no hay una respuesta clara sobre el tránsito de dicha demanda.

Con ese mismo ánimo el padre Javier Giraldo ha interpuesto seis derechos de petición en los cuales se han enumerado las violaciones de derechos humanos que se han cometido contra la comunidad por parte de miembros de la fuerza pública.

En ese contexto de ataques constantes, hemos buscado siempre la interlocución con el Estado. Desde hace dos meses se quedó de celebrar una reunión con el estado en el marco de las medidas cautelares en donde supuestamente se trataría este tema de la comisión de evaluación, y donde exigíamos una respuesta clara en lo referente a la demanda que colocamos; sin embargo la vicepresidencia canceló cada fecha y la reunión no se ha realizado hasta el día de hoy.

Creemos que lo anterior muestran que las imputaciones hechas por el presidente Uribe son injustas y que el problema no ha sido simplemente el que la comunidad no declare. Hay un problema más grave: la estructura de impunidad que reina en nuestro país. Pero además se nos acusa de no dejar entrar la fiscalía u otra institución del Estado. Siempre hemos planteado, y seguiremos fieles a estos principios sabiendo las consecuencias, que no aceptamos a ningún actor armado (incluyendo la fuerza pública) en los lugares donde vivimos o trabajamos; siempre hemos exigido la presencia permanente de defensoría, de procuraduría, hemos tenido reuniones con el estado, con la Vicepresidencia, la defensoría del Pueblo, procuraduría, fiscalía, alcaldía, personería en el mes de abril, y se han programado dichas reuniones cada dos meses en San José, por ello no podemos entendemos ni aceptamos esta acusación.

De igual manera se acusa a San José de ser corredor de la guerrilla, cuando hemos sido víctimas de todos los actores armados. San José es un caserío de menos de 200 metros cuadrados y desde 1997 ha tenido presencia permanente a del ejército a los alrededores del caserío, retenes constantes entre Apartadó y San José; a veces se han contado siete retenes en tan sólo 12 kilómetros. Afirmamos categóricamente: no somos corredor de ningún actor armado, y menos de la guerrilla. Injustamente hemos sido acusados por el ejercito de ser corredor de ellos debido a nuestra total neutralidad y no estar con ningún actor armado.

Así mismo se ha acusado al acompañamiento internacional de impedir la entrada del estado en especial de la fiscalía, afirmación totalmente ajena a la realidad. La labor de este acompañamiento siempre ha sido de observadores de nuestro caminar, su labor ha sido humanitaria, de estar junto con las víctimas. Esta es una opción de solidaridad que cualquier persona del mundo puede asumir frente a una comunidad tan victimizada como la nuestra; ellos han sido testigos de los atropellos que hemos vivido pero jamás han dicho o hecho tales acciones ya que comparten con nosotros nuestros principios de paz y de no estar con ningún actor armado.

Por otro lado es importante aclarar que nuestras opciones por la vida no son decisiones de unos líderes como se intenta colocar sino la vivencia y el compromiso de toda una comunidad que resiste pacíficamente en medio de la guerra.

Creemos que el señor presidente debería mirar con mayor detenimiento los derechos de petición que le hemos hecho llegar, debería mirar la realidad de nuestro proceso y se daría cuenta de que las alternativas de la Comunidad de Paz de San José son opciones claras y contundentes diferentes a la guerra, a cualquier actor armado, opciones por la paz, opciones de solidaridad. En lugar de recibir estas acusaciones por parte del estado deberíamos tener su respeto, la garantía de nuestros derechos, se debería animar a otras experiencias de campesinos en estas búsquedas reales de paz, de crear espacios diferentes. Tristemente vemos que nuevamente somos estigmatizados y atacados pero será la humanidad y la historia la que realmente muestren la verdad de las víctimas y la verdad de este proceso que siempre ha estado comprometido con la lucha contra la impunidad.

Nos han dicho que los líderes pueden ser encarcelados por el DAS o por la policía, sin embargo asumimos nuestros principios y no podemos ceder ante la injusticia. Permaneceremos firmes en lo que creemos. Pedimos con urgencia solidaridad para que nuestro proceso no sea destruido, para que nuestros líderes no sean encarcelados, para que se respete nuestro proceso. Sabemos que nuestra resistencia civil no es sólo producto de nuestra comunidad, es producto de la solidaridad nacional e internacional y a ella acudimos en estos momentos tan difíciles, sabemos que la historia, la humanidad están con el caminar justo de las víctimas y con estos procesos alternativos de búsqueda de paz, de justicia de no impunidad en donde no hacemos ni haremos el juego a ningún actor armado.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Mayo 28 de 2004

©2004 Fellowship of Reconciliation